• El sistema judicial es el pilar del orden y bienestar social.
• Reforma eficiente del Consejo Nacional de la Magistratura.
• Nombramiento de jueces y magistrados por el Congreso del Perú, previa consulta del Consejo nacional de la Magistratura y el Colegio de Abogados del Perú, poniendo énfasis en el componente moral y ético del magistrado.
• Mejor control de la política de adquisiciones y contrataciones del Poder judicial.
• Lucha frontal contra con la corrupción de jueces y magistrados: control directo de la Contraloría y posibilidad de denuncia directa al pool anti-corrupción.
• Participación activa de la población y ONGs en las campañas anti-corrupción.
• Nombramiento de jueces y fiscales, y fin de la calidad de jueces suplentes o provisionales.
• Mejor apoyo y protección a los jueces para que puedan ejercer su labor en toda imparcialidad y seguridad.
• Títulos de abogado otorgados sólo por el Estado con exámenes organizados por Comisiones multidisciplinarias.
• Tratamiento de procesos judiciales según el principio de celeridad, con plazos determinados para los actos procesales y las resoluciones de justicia.
• Reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
• Reforma del sistema carcelario y de las formas de ayuda judicial para los acusados, principalmente mejora de la asistencia judicial.
• Prioridad al uso de penas alternativas a las privativas de la libertad.
• Medidas tempranas de prevención de la delincuencia juvenil.
• Centros de readaptación especializados para la delincuencia juvenil de 16 a 20 años.
• Fomento a la reinserción social de inculpados a través de programas de trabajo dentro o fuera del penitenciario.
• Clara separación entre Centros de detención preventiva y Penitenciarios.
• Implementación de cuatro tipos de formación dentro de los penitenciarios: educación primaria y/o secundaria, cocina y repostería, albañilería e imprenta.
• Instauración del sistema de 1 día de libertad por 1 día de formación profesional.
• Instauración del sistema de defensa del acusado con un abogado de oficio en las primeras 24 horas de la detención.
• Instauración del sistema del Juez de la detención preventiva quien deberá decidir en un plazo de 24 horas, sobre la base del expediente del juez instructor, la detención o la libertad del acusado.

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